Así, ante la epidemia de maltratos llamados a mujeres, niños o, incluso, ancianos, en vez de replantearnos la educación y los valores que hoy se propugnan, se tiende directamente a legislar para proteger a quien es maltratado. De esta forma el Estado pasa a ser una figura paternal que, se supone, nos ampara. Pero, ¿quién nos ampara a su vez del Estado?

Bajo el seguro asfalto por el que caminamos pensando en nuestras preocupaciones y nuestro bienestar, corre un torrente de dolor sin que nadie pregunte a papá Estado qué ley puede fabricar para resolverlo. Casi cien mil niños son abortados en España anualmente, según las cifras oficiales. Posiblemente sean más del doble.

Por naturaleza, la persona tiende a creer que las leyes públicas son justas porque responden a la moral objetiva. De ahí que el legislador tenga una función pedagógica, pues de manera lógica, a nadie se le ocurre pensar que las normas públicas puedan independizarse de los principios morales y no ser coherentes con éstos. Si algo es legal, se piensa de manera espontánea, será porque es bueno. Desde luego, así debería ser.

Cuando se despenalizó el aborto en España no sólo se abrió la puerta a la muerte de un millón de inocentes –nadie más inocente que quien no ha llegado a ofender ni a Dios, ni a nadie- sino que además se cerró la puerta a la conciencia. Se instaló una sordera permanente mediante la manipulación, pues legalmente se relativizó una de las mayores atrocidades que se puedan cometer. ‘Si el Estado permite el aborto -se piensa- es que no será tan grave’. Si el Estado no protege la vida del no nacido, es que éste no será todavía persona, o que aún no habrá vida en el feto. 

Quienes más conocen la falsedad de esta mentira son las mujeres que abortan. Su conciencia y sus sentimientos, al contrario que el Estado, no callan. La madre que aborta primero se deja arrastrar por la corriente sórdida que dice “no es para tanto”, pero cuando sale de la clínica y quiere seguir con su vida normal, descubre que ya no hay vuelta atrás. Es un dolor descrito médicamente y su nombre es síndrome post-aborto.

Aquellos que dijeron a una mujer embarazada que no pasa nada por abortar, no le devolverán a su hijo. La ley que le decía que el feto no era digno de ser defendido, descubre ahora la mujer, se ha alzado por encima de ella, de su hijo y del amor entre ambos. La ley ha querido sustituir a su conciencia, como si la vida del feto no hubiera sido real, como si las dudas que le agotaban en la intimidad mientras decidía si abortaba o no, hubieran sido simples obsesiones sin sentido que no se sostuvieran sobre la realidad. Ahora, en cambio, ve como lo que no es real es lo que preconiza una legislación mentirosa.

En estos momentos en los que el Estado al menor azote puede acusar a los padres de maltrato a un menor; ahora que desde un ministerio se pretende sustituir la educación familiar y decidir qué deben saber o no los niños; ahora, en definitiva, que el Estado pretende erigirse en padre, es cuando ese mismo Estado ha decidido maltratar sin compasión a los más débiles. Surgen leyes contra los males tratos para proteger a todos, menos a los niños no nacidos. El brazo de la ley cae sin remedio contra los que resultan incómodos y a sus madres, sencillamente, las engaña dando a entender que “no es para tanto”.

La mujer que entra siendo madre en la sala de operaciones de una clínica abortista, a los diez minutos saldrá habiendo dejado de ser madre y con un dolor que no escuchará nadie. Le gustaría decir que sí es para tanto, que es terrible, pero entonces el Estado, a ella y a nosotros, nos pone una ley en los labios y dice: “silencio”. -Guillermo de Navascués

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