Por estos motivos, se le pedía a Joan Saura que abriera una investigación dada la existencia de indicios públicos de delitos penales, perseguibles de oficio. 

Además, la asociación E-Cristians, siguiendo el art. 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpuso una denuncia en virtud de la cual se ponían los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gerona los hechos, adjuntando las pruebas escritas de la noticia publicada en los medios de comunicación.

Con fecha de 7 de febrero de 2007 el jefe del gabinete del Consejero de Interior, Xavier Riu, respondió a la petición del presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, señalando que “la protagonista del caso que nos ocupa, ha decidido iniciar uno de los caminos que el ordenamiento jurídico le proporciona, como por ejemplo la jurisdicción laboral”; y que por lo tanto “no es ahora el momento, pues, de investigación policial, sino de resolución judicial del tema planteado”.

Posteriormente, con fecha de 5 de marzo de 2007, el presidente de E-Cristians remitió una carta a Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges, urgiéndolo a que instara al Departamento de Interior a tomar las medidas oportunas en este caso.

Entre los motivos de esta petición estaba que, en contra de lo que afirmaba el Jefe del Gabinete del Departamento de Interior, un delito penal es siempre perseguible de oficio con independencia de que estén abiertas otras causas. Además, la legislación laboral admitió la intervención de otra jurisdicción, más si es penal.

La respuesta del Síndic de Greuges, llegó el 19 de marzo de 2007, con nº 6468, y la firmaba Matías Vives. En su escrito manifestaba que “no observamos la existencia de irregularidades en el comportamiento de la administración. La facultad de decidir iniciar investigaciones policiales con relación a un determinado asunto es discrecional por parte del departamento, sin que ataña al Síndic decidir su lugar”. Y añadía que “mucho menos todavía en un tema en el cual ni la propia interesada, ni el fiscal, ni, por lo que observamos, vuestra asociación ni usted mismo a título personal, habéis decidido denunciar el caso ante los órganos jurisdiccionales o la misma fiscalía”.

Por estas razones, el Síndic de Greuges decidía no abrir ningún expediente de queja y cerrar el proceso.

Con fecha de 29 de marzo de 2007, el presidente de E-Cristians respondió nuevamente al Síndic de Greuges, poniendo de manifiesto la incompetencia mostrada por los servicios de esta institución. 

Primero, porque las investigaciones policiales no pueden ser discrecionales cuando hay indicios públicos de presuntos delitos, porque abre paso, como es el caso, a la arbitrariedad. Unos delitos serían investigados y perseguidos, y otros no. Y, en segundo lugar, porque el deber del Síndic es actuar en las decisiones de las Administraciones que, como en el supuesto que nos ocupa, perjudican los derechos de los ciudadanos.

Aún así, se corrige la apreciación errónea de esta institución, que por incompetencia o desconocimiento había afirmado en su escrito que no se habían producido denuncias ni a la fiscalía ni a los órganos jurisdiccionales oportunos.

Por estos motivos, el presidente de E-Cristians ha instado una vez más al Síndic de Greuges que intervenga ante el Departamento de Interior, pidiéndole que abra la pertinente investigación para averiguar los presuntos delitos cometidos.  

La respuesta del mismo señor Matías es la siguiente: “A la vista de su contenido no podemos sino ratificarnos en nuestra respuesta, insistiendo en que la apreciación sobre si unos determinados hechos u opiniones son un posible delito, es algo discrecional”. Y continúa diciendo: “Por otro lado, tomamos nota de vuestra denuncia a la fiscalía, lo cual no hace sino corroborar aquello que ya os decíamos en nuestro escrito relativo al recelo que ponéis de manifiesto en la existencia de una buena administración en Cataluña, aprovechando para felicitaros por esta actitud”.

Conclusión. Un presunto delito de conocimiento público, no quiere ser investigado por el responsable del Departamento de Interior, ni la Sindicatura quiere interesarse por esta carencia. Una mujer se ha quedado sin trabajo por no querer abortar, tal como le pedía su jefe. La UGT ha denunciado que es “el sexto caso” de estas caracgterísticas que sucede en la provincia de Girona y ha lamentado que la Inspección de Trabajo no tenga una unidad especializada en este tipo de casos.

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