Un hombre entra en una consulta y se identifica como proxeneta. Le acompaña una de sus bisoñas empleadas, que acude en representación del gremio. Su propósito es desentrañar el procedimiento legal para obtener prescripciones de abortos, que, para su alborozo, no será tan escrupuloso como pensaban. “De acuerdo, no queremos que nadie tenga problemas”, asiente la directora de la clínica. Una de las nimias singularidades de las prostitutas, no obstante, es que tienen “en torno a 14 o 15 años”, susurra el patrón. “Yo nunca les he dicho esto”, responde su interlocutora: “Pero si tienen 14 años o menos y necesitan un aborto sólo pasen por ahí... sus protocolos son menos estrictos”.  Así comienza el artículo de Luis Rivasen La Gaceta, que reproducimos por su interés.

La orientadora busca un ejemplar de los derechos del menor y exclama: “¡Son como mi Biblia!”. Ríe con teatralidad. Sin embargo, surge otro inconveniente. “Algunas de mis chicas no hablan inglés...”, insinúa él. “Entiendo que no tienen papeles...”, confirma ella. La prostituta calla. “¡Inmigrantes bienvenidas!”, sentencia la gobernanta.

El vídeo, grabado de soslayo durante una consukta en un centro de New Jersey de Planned Parenthood (Paternidad Planificada), recoge, asimismo, que la empresa “quiere saber lo menos posible”, lo cual no es óbice para que la directora de la clínica aconseje a las chicas que se hagan pasar por “estudiantes” para lograr “precios más baratos” y que, llegado el caso, no olviden indicar que “su pareja es de su misma edad o menor”. Será sencillo si cumplen una orden: “Sólo hablen conmigo o con mi cómplice”, en el ámbito oral, mientras que con los formularios la premisa es similar: “Dejen las casillas en blanco y digan que no entienden nada, que quieren ver a la enfermera”. La gobernanta, por último, advierte al proxeneta de que sus empleadas no podrán practicar sexo en dos semanas pero le asesora, acaso ruborizada: “¿Obtener dinero durante este tiempo? Seguirán activas de cintura para arriba”.

Los rutilantes papeles de proxeneta y prostitutas fueron desempeñados hace 10 días por activistas provida de la asociación Live Action. Según esta agrupación, “Planned Parenthood recibe más de 350 millones de dólares de las arcas públicas cada año”, cantidad que, no obstante, se queda corta apreciando otras estimaciones. El congresista republicano por Nueva York Chris Smith calcula que “practican 324.000 abortos cada año y han derivado ya más de 1.000 millones de dólares en honorarios pagados por nuestros Gobiernos”.

Más de 1.000 millones de dólares en honorarios

La previsible polémica, entretanto, ha abocado a la presidenta de Planned Parenthood, Cecile Richards, a enviar una carta al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder. La misiva explica que el procedimiento de actuación en casos como el registrado consiste en alertar a las autoridades, pero que su equipo consideró que “se trataba de una broma de mal gusto”. No obstante la explicación, la protagonista de la mofa, Amy Woodruff, ha sido despedida con celeridad. Lila Rose, presidenta de Live Action, interpreta que “claramente no pensaron que era una broma si han echado a la implicada”. Pese a que el cese de la directora del centro de Nueva Jersey fue argumentado en una “política de tolerancia cero con este tipo de comportamientos”, una nueva grabación, difundida hace una semana, refleja un procedimiento similar en otra sucursal, aunque en esta caso en Virginia.

Estos documentos ilustran el prosaico debate surgido a raíz de la iniciativa republicana en el Congreso que pretende lograr que “ni un sólo dólar público sirva para financiar abortos”. La propuesta, introducida por el citado Smith como H.R. 3, será votada en el Capitolio en las próximas semanas. Esta legislación pretende reformar la ley reproductiva firmada por Richard Nixon en 1970, calificada de “pobre e insuficientemente explicativa” por el bloque conservador, y que financia en la actualidad, según datos del Departamento de Salud, la planificación sexual de 5 millones de mujeres en todo el país. Pese a que el Título X de la normativa prohíbe expresamente el empleo de fondos públicos en abortos, los supuestos y excepciones han convertido la ambigüedad en su ámbito de operaciones. “Se trata de personal de Planned Parenthood ayudando y alentando el tráfico sexual de menores. Este vídeo expone la duplicidad de discurso y una criminalidad potencial. Es una atrocidad”, señala Smith.

La iniciativa cuenta con el pertinaz apoyo de una decena de asociaciones ciudadanas. Las herramientas empleadas por estos contribuyentes anónimos para difundir sus acusaciones se asemejan a las del Tea Party. Sirva de ejemplo Live Action, que insta a sus miembros a realizar “una labor de lobby con familiares, amigos y vecinos a través del correo electrónico, enviar cartas al director a los diarios y dirigirse a las oficinas locales de los congresistas”. Para Rose, “estamos ante un problema institucional muy grave y la gente está empezando a prestar atención”. Evidentemente, su percepción es antitética a la de Planned Parenthood, que ha indicado que “lo que los americanos quieren es que el Congreso se centre en arreglar la economía y crear empleos”.

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