Pamplona. Una mujer, cuyas iniciales son S.V.A., fue juzgada ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona acusada de un delito de aborto, al haber ingerido un medicamento con la intención de interrumpir su embarazo cuando llevaba alrededor de veinte semanas de gestación. Actualizando su acusación a la nueva ley, la fiscal, que en un principio pedía ocho meses de prisión, solicitó para la procesada una multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros, un total de 2.160 euros. La defensa reclama su absolución.

La acusada no compareció en el juicio. La fiscal, que señala que la imputada estaba en situación ilegal en España, le acusa de haber ingerido un medicamento en los primeros días de diciembre de 2007 "con la única finalidad de acabar con el feto de más de veinte semanas del que estaba embarazada". La medicina en cuestión es Artrotec, "fármaco antinflamatorio y con un principio activo denominado misoprostol que condujo a la expulsión prematura del feto sin ninguna posibilidad de supervivencia".

La acusada reconoció en declaraciones anteriores ante la Policía que "ese medicamento se lo había enviado una amiga suya desde Santo Domingo" y que quería provocarse el parto de manera ilegal "porque el cliente de un club de Andalucía en el que trabajaba la había dejado embarazada", dijo un policía. La imputada, que se encontraba en el piso de una prima en Pamplona el día que ocurrieron los hechos, "dijo que había tomado tres pastillas por vía oral y otra por vía vaginal. Tras una de las tomas dijo que se desmayó en el baño, se desangró y expulsó el feto", recordaron los policías. Posteriormente, fue trasladada al hospital.

Un médico que atendió a la acusada señaló que "el feto expulsado era tardío, no se puede saber con exactitud la fecha, pero rondaría las 20 semanas, entre 18 y 22". También aseguró el doctor que "las causas del aborto se desconocen, no sabemos si fue espontáneo o si fue provocado" y apuntó que cuando hablaron con la acusada, ésta les dijo que "ni siquiera sabía con certeza si estaba embarazada. No era consciente ni siquiera de haber expulsado un feto". A lo que la fiscal le preguntó: "¿Parece difícil? ¿O imposible, no?". "Tanto no me atrevería a decir, pero es difícil no darse cuenta", afirmó el médico.

La fiscal concluyó que se trata de "un aborto que no encaja dentro de la ley" y que, al no poder escuchar a la acusada en el juicio, deben darse por reproducidas sus declaraciones en las que dijo que "no tenía dinero para mantener un bebé que era de un cliente y que quería abortar para acabar con esa situación". La defensa alegó: "No salgo de mi sorpresa. La única prueba de la fiscal es la declaración de la imputada porque no está acreditada la causa del aborto". Y finalizó diciendo que tras varias consultas en laboratorios y consejos farmacológicos, "el Artrotec no se distribuye en la República Dominicana, por lo que no pudo venir nunca desde allí".(Noticiasdenavarra.com)