El doctor Esteban Rodríguez Martín, ginecólogo andaluz y miembro de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, ha acusado  a la portavoz de la Junta de Andalucía de mentir cuando asegura que no se realizan abortos en la sanidad pública andaluza y que no existe un grupo de objetores contra el aborto. Además, el especialista avisó:Los médicos honestos no vamos a cooperar para facilitar la ejecución de seres humanos antes del parto".

Para el doctor Rodríguez Martín, la portavoz de la Junta no dice la verdad: “Mar Moreno miente: no solo no es que no existamos objetores en Andalucía, sino que estamos organizados en una asociación nacional para la defensa de la objeción de conciencia, ANDOC, y existen contenciosos administrativos para la defensa de los derechos fundamentales de los administrados. “

El Gobierno andaluz ha negado que se perpetren abortos en los hospitales públicos de la región, extremo desmentido por Ginecólogos por el Derecho a Vivir. Esteban Rodríguez Martín señala que “cada vez hay más casos en toda la comunidad que se notifican a los gerentes y a los Colegios de Médicos”, y recuerda un ejemplo concreto: “El Hospital de la Inmaculada de Huercal-Overa figura como centro público donde se venían ejecutando abortos en el Informe oficial  sobre IVE, que recoge datos definitivos de 2008, publicado por el Ministerio de Sanidad. Se puede comprobar en la página 198. Los abortos que se generan como consecuencia del programa eugénesico de Andalucía , el denominado PACAC (Programa Andaluz de Cribado de Anomalías Congénitas) también se realizan en los hospitales públicos, como demuestran diversas noticias aparecidas en la prensa, y se vienen haciendo así desde hace mucho tiempo, incluso de manera ilegal, por encima del plazo de 22 semanas que marcaba la ley anterior.”

En los centroos públicos se obliga a los médicos a realizar abortos

Esteban Rodriguez también señala que"no es cierto es que en los hospitales públicos no se obligue a los médicos a participar en los procesos que conducen al aborto, con independencia de dónde acabe matarializandose la interrupción homicida". "De hecho existen contenciosos por ese motivo y cada vez hay más notificaciones de objeción de conciencia tanto a los gerentes de hospitales y centro de salud como a los colegios de médicos".

El portavoz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir sostiene que "muchos de los abortos que se ejecutan en los abortorios concertados han sido derivados por personal público obligado a cooperar". "En otras ocasiones los abortos se cometen en el propio hospital público sin que queden registrados, especialmente todos los que son fruto del PACAC."

La Junta de Andalucía ha menospreciado a los profesionales de la sanidad que objetan al aborto, tachando su gesto de inútil. Ginecólogos por el Derecho a Vivir advierte a las autoridades sanitarias de que no se van a prestar a colaborar en su ley de exterminio de seres humanos: “Los médicos honestos no vamos a cooperar para facilitar la ejecución de seres humanos antes del parto, discriminados por su edad o su salud cuando su progenitora estime que es indeseable, por  motivos éticos y científicos en cumplimiento de nuestra vocación y obligación hacia nuestro código deontológico y a la ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Sanitario que impone como deber su cumplimiento.”

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