La dispensación sin receta médica de la llamada píldora del día después sigue rodeada, cuatro meses después de su aprobación por el Gobierno, de polémica y de zonas oscuras. A las protestas reiteradas de los farmacéuticos, que acusan cierta inseguridad jurídica por vender un medicamento con potenciales efectos negativos para la salud, se unen advertencias desde diversas instancias médicas y científicas sobre su uso excesivo. El Ministerio de Sanidad, lejos de haber adoptado cautela alguna, se ha permitido incluso mantener oculto un informe oficial que avisa de un grave efecto secundario no recogido en el prospecto. Se trata del riesgo de tromboembolismo venoso.

Según desvela hoy LA RAZÓN, el Ministerio que dirige Trinidad Jiménez encargó un informe a la Agencia Española de Medicamentos sobre las contraindicaciones del principio activo de la píldora varias semanas después de autorizar su libre dispensación. Si ya es extraño encargar un estudio a posteriori, resulta aún más incomprensible poner en la calle un fármaco asegurando que «carece prácticamente de contraindicaciones y los datos de seguridad no han registrado riesgos inesperados».

Pues bien, el citado estudio desmiente categóricamente la versión de la ministra en la medida en que detecta «dos problemas de seguridad» del producto, a saber: el embarazo ectópico o extrauterino, que sí se recoge en el prospecto; y la aparición de un tromboembolismo venoso, del que no se habla en ningún sitio. Esta grave contraindicación es tanto más elevada en función  del uso repetido y frecuente de la píldora. ¿Se está produciendo ese consumo repetido y frecuente entre las jóvenes? De momento no hay datos al respecto, pero lo cierto es que ya en el primer mes de su dispensación libre, la venta de la píldora se multiplicó por dos y se calcula que en los siguientes ha experimentado un fuerte incremento. 

Irresponsabilidad

En cualquier caso, lo que causa sorpresa es que el Ministerio de Sanidad haya silenciado el informe y, peor aún, que no se haya inmutado ante los riesgos descritos, que colocan a los farmacéuticos en el dilema ético de expedir una sustancia con más efectos indeseados que un anticonceptivo convencional o un antibiótico, para los que sí es obligatoria la receta médica. El mismo informe de la Agencia Española de Medicamentos recoge que, de un test realizado entre 1.379 mujeres, 426 sufrieron sangrados y casi 200, náuseas, fatiga y dolor abdominal. Ni el Gobierno ni el Ministerio de Sanidad, que recurrieron a la triquiñuela de clasificar la píldora como «medicamento ético» para facilitar su venta libre y con publicidad, han sido capaces de justificar de manera convincente por qué la píldora postcoital, que es un cóctel hormonal de gran impacto, merece menos prudencia en su consumo que un jarabe para la tos. Desde un principio demostraron que no era la prudencia lo que les preocupaba, sino favorecer el consumo. ¿Por qué?

La píldora del día después, al igual que la de los «cinco días después», de reciente aprobación, no es un asunto aislado, sino que forma parte de la política del Gobierno socialista cuyo epicentro es la Ley del Aborto. En contra de lo que afirman los abortistas, esta ley no disminuirá por sí sola el número de abortos, entre otras cosas porque mantiene la «excusa coladero» de la ley anterior y los hace prácticamente libres hasta las 22 semanas. Por eso, han puesto sus esperanzas en las píldoras postcoitales, que sí incidirán en evitar embarazos no deseados. De ahí que el Gobierno no ponga trabas a su ingesta para atribuir sus efectos estadísticos a la Ley del Aborto.

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