En la tramitación de la futura Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el Gobierno ha puesto a las instituciones al servicio de su perverso proyecto de legalizar el asesinato de inocentes. La última muestra ha sido el Informe del Comité de Bioética, un organismo consultivo que ha superado todos los límites racionales al reconocer (con un solo voto de discrepancia, el del científico César Nombela), por un lado, que la vida humana se inicia con la fecundación y, por otro, avalar que la mujer puede poner fin a esa vida en las primeras 14 semanas de embarazo.

El Comité de Bioética de España, organismo de carácter consultivo e independiente adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, respalda en un informe la reforma de la ley del aborto planteada por el Gobierno en todos sus términos, incluida la potestad que se reconoce a las menores de 16 y 17 años de interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. 

"Es una medida razonable porque no impide a la menor acudir a los padres en demanda de consejo o ayuda pero evita que éstos puedan imponerles una determinada decisión", explica el informe al que ha tenido acceso Europa Press. No obstante, puntualiza que en caso de "grave riesgo" para la vida de la joven, habría que informar "obligatoriamente" a sus padres. 

En total, el informe ha sido respaldado por once de los doce científicos que componen el Comité, conforme explicó en declaraciones a Europa Press el miembro discrepante, el catedrático César Nombela, para quien el texto es "contradictorio" porque si bien reconoce que la vida empieza en la fecundación, también ampara la posibilidad de "acabar con ella de manera voluntaria" durante las primeras 14 semanas de gestación.

Los científicos entienden que no puede primar el derecho de la madre sobre el feto ni viceversa, y abogan por un sistema de "ponderación" como el establecido en la propuesta de reforma mediante el sistema de plazos. En este sentido, el Comité considera que "no aparece como un sistema desprovisto de fundamento en relación con los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, incluido el bien de la vida humana prenatal". 

Además, el informe asegura que "el Estado no puede imponer la prevalencia del valor de la vida prohibiendo el aborto si con ello desprotege a la mujer que se encuentra ante la necesidad de interrumpir un embarazo" y considera que esta regulación "respeta la libertad de la mujer y no obliga a nadie a abortar".    "La opción por la ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo es la que conviene a un Estado laico y neutral frente a las discrepancias derivadas de las distintas creencia de los ciudadanos", explica el informe del Comité de Bioética de España.

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