El apoyo incondicional de Barack Obama al aborto ha puesto en peligro su proyecto más ambicioso, la reforma sanitaria de EEUU. Crecen las dudas de si dentro de los planes del Gobierno entra financiar esta intervención con dinero público, lo que haría que políticos dispuestos a apoyar los cambios le retiraran su aprobación si la interrupción voluntaria del embarazo se incluyera como una prestación básica en los seguros médicos.

Un texto tan farragoso como el que preparan en distintas versiones la Cámara y el Senado se presta a muchas interpretaciones. En el caso del aborto, la falta de claridad da lugar a interpretaciones contradictorias. Los críticos mantienen que los proyectos aprobados en la Cámara y en el Senado incluyen una cobertura obligatoria del aborto y su financiación, y esto es algo por lo que no están dispuestos a pasar.

Obama lo niega. En un pronunciamiento del 22 de agosto, en el que pretendía desmentir algunos “mitos” sobre la reforma, mencionaba también este: “Algunos están diciendo que con esta reforma la cobertura del aborto será obligatoria. Falso. En lo que se refiere a la actual prohibición de utilizar dinero público para el aborto, nada va a cambiar con esta reforma”.

La llamada enmienda Hyde de 1976 prohíbe que se utilice financiación federal en los programas Medicare y Medicaid para cubrir el aborto en la mayoría de los casos. Lo que se teme es que si la reforma sanitaria reconoce el aborto como una prestación de la cobertura sanitaria, se utilice el dinero del contribuyente para este fin.

Terminología confusa: puerta abierta

El problema está en la terminología: qué se entiende por el conjunto de prestaciones esenciales que la ley cubriría. Como los planes privados y públicos de cobertura sanitaria deben ofrecer un mínimo obligatorio de prestaciones, si se incluye el aborto entre ellas el contribuyente estaría financiando el aborto, considerado como un derecho.

Si el problema es de interpretación, lo más útil sería aclararlo en el texto de la ley. Por eso, los críticos piden que el aborto se excluya explícitamente del mínimo de prestaciones obligatorias o de los beneficios financiados por el gobierno.

Entre los que han hecho cuestión de este tema se encuentra un grupo de congresistas demócratas pro vida, que están dispuestos a no apoyar la reforma si no se excluye la financiación del aborto. Bart Stupak, congresista por Michigan, es uno de los líderes de este grupo, y está convencido de que 40 demócratas comparten su visión. Otras fuentes no partidistas piensan que en su versión actual la reforma permitiría la financiación del aborto. La web FactCheck.org, de la Universidad de Pennsylvania, llega a la conclusión de que “a pesar de lo que dice Obama, la ley preparada en la Cámara de Representantes permitiría que los abortos fueran cubiertos por un plan federal y por planes privados subsidiados por fondos públicos”.

También la revista Time escribe que si se aprueba esta legislación “de hecho marcaría un cambio significativo en el papel del gobierno federal respecto a la financiación del aborto”. A su juicio, aun sin anular la enmienda Hyde, la nueva ley establece un camino para que el gobierno federal amplíe la cobertura del aborto a través del seguro público gestionado por el gobierno. Time explica también que los seguros privados, que pueden recibir subsidios públicos para asegurar a personas de baja renta, pueden decidir usar esos fondos para proporcionar abortos.

La Iglesia católica: sí a la reforma, pero sólo para defender la vida 

Por su parte, los obispos católicos han manifestado que consideran necesaria una reforma que proporcione a todos acceso a una atención sanitaria de calidad; que respete la vida humana desde su concepción hasta su muerte y que reconozca los derechos de la conciencia.

En una carta dirigida el 11 de agosto a los congresistas por el cardenal Justin Rigali, presidente del comité pro vida de la Conferencia episcopal, se pide que “la necesaria reforma no se utilice como instrumento para promover los objetivos del ‘derecho al aborto’ o para revisar las políticas de hace tiempo contra la financiación federal del aborto”. En este aspecto, se pide que la reforma sea “neutral”, es decir, que no cambie las regulaciones actuales.

Rigali reconoce que la ley se ha mejorado con algunas enmiendas, como la que prohíbe que los organismos públicos que reciban financiación federal según los términos de esta ley no puedan discriminar a los seguros y a los proveedores de servicios que no quieran intervenir en abortos.

Sin embargo, dice en su carta, la legislación propuesta sigue teniendo defectos. Por una parte, delega en el Secretario de Sanidad la potestad de incluir el aborto como una prestación obligatoria en el seguro público que el gobierno gestionaría. Además, como algunos programas federales quedan fuera de esta legislación, no resultan afectados por la prohibición de financiar abortos con fondos públicos.

Cuando, tras el receso de agosto, los congresistas vuelvan a debatir las tres distintas versiones de la reforma propuesta, la cuestión del aborto volverá a primer plano.

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