En dos informes recientemente publicados en español, uno de los mayores defensores del aborto del mundo se ha unido a la embestida contra la decisión de Nicaragua de proscribir el aborto. Ipas, tristemente conocido por distribuir el aspirador manual endouterino -dispositivo utilizado para practicar abortos en fase temprana-  se ha sumado a las presiones proabortistas lanzadas desde el exterior, acusando a Nicagarua de violar los derechos humanos de las mujeres por su rechazo a la legalización del aborto. En los informes de Ipas se aduce que la proscripción del aborto es inconstitucional y que significa un "revés" para los derechos humanos.

Los legisladores nicaragüenses, por otra parte, afirman que la derogación constituye un paso hacia delante, ya que la ley que permitía el aborto "terapéutico" violaba lo acordado en las obligaciones internacionales asumidas por el país. Nicaragua es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece en su Artículo 4 que la vida debe ser protegida por la ley "desde el momento de la concepción".  Los diputados que proscribieron del aborto afirman que la nueva ley también permite que el código penal sea más consistente con la Constitución, la cual fue enmendada para reconocer explícitamente el derecho a la vida de cada ciudadano tras la abolición de la pena de muerte.

Quienes defienden la vida señalan que la definición de Ipas sobre el mal llamado "aborto terapéutico" demuestra que la postura de los legisladores es correcta: la ley anterior dejaba un resquicio para extender el acceso al aborto. De hecho, el glosario de términos de uno de los informes expande la definición de salvaguardar "la vida y la salud de la madre" incluyendo los embarazos resultantes de circunstancias particulares, como ser las violaciones y los casos de incesto. Y mientras que los informes dicen que "la proscripción del aborto terapéutico excluye a muchas mujeres que lo necesitan a fin de salvar sus vidas", el gobierno de Nicaragua insiste en que la derogación no prohíbe las prácticas médicas tendientes a preservar la vida de la madre. Los críticos también indican que los informes hacen caso omiso de los dos métodos más eficaces para reducir la mortalidad materna: incrementar el número de profesionales capacitados para asistir alumbramientos y mejorar la disponibilidad y la provisión de atención sanitaria pre y post parto para las madres y sus hijos.

Datos recientes sobre salud también demuestran que la prohibición puede salvar la vida de más mujeres. Estadísticas del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) publicadas tras la introducción de la reforma indican que se ha reducido el índice de mortalidad materna en un 58% entre 2008 y 2009. A pesar de que se indica un progreso en la disminución de dicho índice, los informes de Ipas utilizan la "reducción del número de muertes maternas" como piedra fundamental en su argumentación en contra de la prohibición. Al hacerlo, se alía a una serie de agencias de la ONU y a organizaciones no gubernamentales que están ejerciendo presión sobre el gobierno para que anule la disposición sobre la base de que las leyes liberales que favorecen el aborto son necesarias para reducir las muertes maternas.

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