El director de la Fundación Vida, Manuel Cruz, ha denunciado que la investigación de La Gaceta de los Negocios sobre la aprobación de dispensar libremente medicamentos abortivos, que deberían ser de uso exclusivo para profesionales, en farmacias “demuestra la total connivencia entre el Gobierno de España y las clínicas abortistas, que han sido quienes han redactado realmente el anteproyecto de Ley para evitar nuevos escándalos como el del doctor Carlos Morín”.

Para el directivo, el hecho de que el doctor Josep Lluis Carbonell anunciara el pasado viernes 22 de mayo durante una conferencia que “España será el primer país del mundo en aprobar todas las sustancias químicas abortivas” (misoprostol, mifepristona y metotrexato), “evidencia que la única demanda social para lograr el aborto libre es la del lobby abortista que quiere evitar se les pida cuentas como ocurriera con Morín”.

El que Carbonell, imputado por los abortos en el barco abortista de Valencia, se jactara además de haber conseguido él mismo esta legalización es, a juicio de la Fundación Vida, “muy grave, puesto que demuestra que los intereses de una minoría pueden convertirse en ley simplemente por amiguismo”.

Con esta decisión, “El Ejecutivo actúa de una manera claramente irregular, puesto que vulnera, no sólo la legalidad aún vigente, sino su propio anteproyecto de Ley, que exige que el aborto sea realizado por expertos, y en centros médicos acreditados”, destacó Manuel Cruz.

Además, “estamos ante una iniciativa totalmente irresponsable, que desprotege a la mujer, puesto que le facilita el acceso a un medicamento peligroso para su salud sin la asistencia médica requerida”. Ginecólogos consultados por Fundación Vida han asegurado que si este fármaco es utilizado por una mujer gestante,  “ésta tendrá un parto prematuro, y si lo consume a solas, sin la asistencia médica mínima, su vida puede llegar a correr peligro por las hemorragias”.

Por ello, la Fundación Vida reclama al Gobierno, y especialmente al Ministerio de Sanidad, “que den explicaciones a los españoles de estas medidas y el por qué de las mismas, y que aclaren sus relaciones con los dueños de las clínicas abortivas y su verdadero papel en el anteproyecto de Ley del Aborto”.

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