El Parlamento de la Comunidad Valenciana tiene previsto en su agenda de este año aprobar diversas leyes de apoyo a la mujer embarazada, leyes cuya discusión se admitió a trámite como consecuencia del éxito conseguido por una campaña de recogida de firmas que había llevado a cabo previamente el Foro Español de la Familia (FEF).

El Foro diseñó hace dos años una estrategia encaminada a impulsar a través de los 17 hemiciclos autonómicos la creación de una red institucional de apoyo a la mujer embarazada, mediante la promoción de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por cada comunidad autónoma. La estrategia del FEF se inspiraba en la intención de elevar a política pública el apoyo a la mujer embarazada como compromiso solidario de toda la sociedad española, y con la recogida de firmas sus promotores pretendían generar una toma de conciencia de los ciudadanos sobre el drama del aborto, ayudando a superar la actual indiferencia hacia la situación de esas más de 100.000 mujeres que cada año se ven solas, abandonadas y abocadas al aborto ante una situación de embarazo imprevisto.

En Valencia, el PSPV-PSOE parece haberse inclinado de entrada por no dar su aprobación a este proyecto de ayuda a la mujer, como ha apuntado ya la diputada “feminista” Consuelo Catalá. El proyecto, impulsado por el departamento que dirige Juan Cotino, está absolutamente a favor de la protección de los más débiles. Sin embargo, Consuelo se ha opuesto al plan aduciendo, entre otras cosas, que el programa recoge iniciativas “vacías de contenido”.

¿Vacías de contenido? ¿Vació de contenido un plan dotado con un presupuesto medio anual de 25 millones de euros? ¿Vacía de contenido  una iniciativa que incluye ayudas económicas directas a la mujer, desde antes del nacimiento del bebé? ¿Vacía de contenido una iniciativa  que contempla la entrega de 4.000 euros de ayuda a la mujer, cuando nazca su hijo? ¿Vacía de contenido una iniciativa que contempla el acortamiento de los plazos para facilitar las adopciones y el acogimiento familiar? ¿Vacía de contenido una iniciativa encaminada a que las mujeres con un mayor número de hijos, puedan conseguir con más facilidad un inmueble de protección oficial? ¿Para quien puede carecer de interés la protección de la mujer embarazada? ¿A quien beneficia su desprotección?

Por extraño e increíble que pueda parecer, lo que más ha indignado según parece a Catalá es que la iniciativa promovida por Juan Cotino contempla el apoyo económico a un plan especial de acogida doméstica a mujeres jóvenes embarazadas, durante la gestación y los primeros meses de vida del bebé.

En una actitud tragicómica más propia de Caifás que de una defensora de la mujer, Consuelo Catalá se ha rasgado las vestiduras ante la sola idea de que la acogida la puedan llevar a cabo, en sus propios hogares, jóvenes voluntarias pertenecientes a grupos pro-vida. Al parecer, para la doble moral de esta veterana feminista, las mujeres pro-vida tienen el deber absoluto e inobjetable de pagar impuestos para financiar abortos, pero carecen absolutamente de todo derecho a recibir subvenciones para ayudar a la mujer embarazada en dificultad.

Por lo que se refiere a la viabilidad jurídica de la propuesta, tanto el presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, como el de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, como el ex magistrado del Constitucional Vicente Gimeno Sendra y como el catedrático José María Asencio, han coincidido en que formalmente, la propuesta de Juan Cotino es impecable. Por tanto, más allá de ejercer el derecho al pataleo y de aducir razonadas sinrazones, poca oposición van a poder hacer Consuelo y sus compañeros del PSPV-PSOE contra estas medidas.

Trayectoria vital

Consuelo Catalá Pérez, licenciada en enfermería por la Universidad de Alicante, ha sido responsable del Área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer (de julio de 1986 a octubre de 1988), coordinadora de este instituto en Alicante y provincia (de diciembre de 1998 a mayo de 1990), secretaria personal de la adjunta segunda del Síndic de Greuges, y miembro del Consejo Asesor de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana.

Comprometida con la industria del aborto

La trayectoria profesional de Consuelo Catalá demuestra a las claras que esta licenciada en enfermería ha hecho cuerpo con la industria del aborto y lo ha convertido en su guerra particular, dejándonos evidencias como las siguientes:

1ª) Fue la primera presidenta de la patronal abortista española ACAI
(Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del
Embarazo).

2ª) En Febrero de 2000 manifestó públicamente su satisfacción por la
llegada a España de la píldora abortiva RU-486.

3ª) En 2005 reconoció públicamente, de manera verbal y escrita:
- Su implicación en la práctica de innumerables abortos clandestinos
realizados mientras estudiaba la carrera de enfermería, como etapa
previa a la apertura de una clínica abortista en Valencia.
- Su posición favorable a la ampliación de la ley del aborto y a que los
propios centros de aborto tengan facultad de asesorar a la embarazada
en dificultad.
- Mostrarse encantada de las cifras de abortos oficiales y contraria a
considerar el aborto como última opción ante un embarazo inesperado.
- Que en las clínicas del grupo Acuario se han estado realizando la gran
mayoría de los abortos, hasta poco antes de 2005, sin cumplir los
requisitos que marca la ley: Más concretamente, sin realizar exámenes
psiquiátricos previos, y firmando los propios ginecólogos de Acuario los
dictámenes favorables a la perpetración de los abortos.
- Su temor a que si no se “regula” de alguna manera el ejercicio del
derecho de objeción de conciencia, en breve no habrá médicos
disponibles para hacer abortos de segundo ni de tercer trimestre.
- Su inquietud ante la absoluta negativa a practicar abortos, por parte
de la práctica totalidad de los médicos.

4ª) En 2006 y 2007 formaba parte del Comité Asesor de la revista
“Mujeres y Salud” editada por el CAPS (Centro de Análisis y Programas
Sanitarios) de Barcelona. En la línea oficial de esa revista se incluye la
defensa incondicional del picadillo de bebé (“Nuestra visión siempre ha
sido, por lo tanto, una mirada política sobre temas tan diversos como la
nutrición, el parto, la menopausia, el medio ambiente, la violencia o el
acceso al aborto seguro”...” Hemos cubierto una amplia gama de tópicos:
mujer y trabajo, mujer y violencia, mujer y VIH/SIDA, mujer y acceso al
aborto libre y legal, mujer y racismo, mujer y sexualidades, el envejecer
de las mujeres, etc.”) presentándolo como un derecho (“Una de las
reivindicaciones más frecuentes fue el derecho de disponer de su propio
cuerpo y de sus capacidades sexuales y reproductivas, las cuales la
legitimaron a exigir el derecho al aborto voluntario”) minimizando sus
riesgos (“En el grupo de Sef-Help de Cambridge asistí a extracciones
menstruales, método que se practicaba entonces a la búsqueda de tener
en manos de las mujeres la posibilidad de conseguir abortos tempranos,
antes de la confirmación del embarazo, y aprendí mucho sobre métodos
suaves para males comunes. Los grupos de self help de entonces
investigaron y desarrollaron los métodos incruentos y seguros para
abortos tempranos que luego las clínicas copiaron y hasta hoy se
utilizan.”)

5º) El 20 de Octubre de 2006 participó como ponente en la “III
Conferencia Internacional sobre Política de Salud Sexual y Reproductiva”
organizada por el grupo abortista GIE (Grupo de Interés Español en
Población, Desarrollo y Salud Reproductiva) y en el que compartió mesa
de diálogo con otras reconocidas abortistas entre las que merece
destacarse la presencia de Chini Rueda Sabater (Católicas por el
Derecho a Decidir), Eva Rodríguez Armario (ACAI) y Luisa Cabal
(Centro por los Derechos Reproductivos).

6º) En 2008 formó parte del “Comité de Expertos” para el estudio de la
nueva ley del aborto, formado en su mayoría por destacados miembros
del lobby abortista. Entre los miembros de este consejo, merece
destacarse que compartiera mesa de trabajo con otras reconocidas
abortistas como Elena Arnedo (Ginecóloga, militante del “Frente de
Liberación de la Mujer” y pionera de la Asociación Española de
Planificación Familiar, participó activamente en los trabajos que
desembocaron en la despenalización del aborto hace 24 años), María
Durán (Abogada y jurista, defensora de una ley de plazos) y Patricia
Laurenzo (Catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Málaga y
Asesora de la ACAI).

7º) En 2008 invocó públicamente y por escrito el reconocimiento del
picadillo de bebé como derecho básico de la mujer (“Un reconocimiento
que se debe concretar en cada uno de los derechos básicos, como son los
derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, el derecho al aborto.”)
incluso por encima del respeto a la conciencia de los médicos objetores
(“...de ahí que debamos abordar el derecho al aborto en el marco de una
Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contemple entre
otras cosas la regulación de la objeción de conciencia en consonancia con
los nuevos derechos de ciudadanía.”)

8º) En Marzo de 2009 dio su aprobación al “Informe sobre la situación
de la interrupción voluntaria del embarazo en España y las propuestas
para una nueva regulación” remitido al Consejo de Ministros por el
Ministerio de Igualdad. En ese informe se recogen propuestas de
marcado carácter abortista como las siguientes:

- Sustituir el actual sistema, que contempla la penalización del delito de
aborto salvo en tres excepciones, por una ley que reconozca el derecho
al aborto y combine plazos con indicaciones.

- Reconocer la autonomía en la decisión de abortar, a las jóvenes a
partir de los dieciséis años, sin que sea necesaria la autorización de sus
padres o tutores.

- Que la objeción de conciencia de los médicos no suponga un obstáculo
en el acceso de las mujeres al aborto.
Comprometida con la Ideología de Género

El 3 de Mayo de 2005, Consuelo Catalá presentó, junto con otros
cuatro diputados autonómicos (Carmen Ninet Peña, Encarna Llinares
Cuesta, María José Mendoza García, Nuria Espí de Navas) una
propuesta de resolución a la Mesa de las Cortes Valencianas, instando
al Consejo de la Generalidad a la adopción de estas tres medidas:

1. Incluir en las prestaciones del sistema sanitario público valenciano el
diagnóstico y el tratamiento integral (psicológico, endocrinológico y
quirúrgico) de reasignación de sexo, para las personas transexuales
residentes en la Comunidad Valenciana, creando con este objetivo una
unidad interdisciplinaria de género (UGI).

2. Instar al gobierno de la nación para que culmine la regulación o
modificación, en su caso, de la legislación vigente para permitir ejercer el
derecho de rectificación en el registro del nombre y el sexo de todas las
personas transexuales.

3. Garantizar el derecho de la persona transexual a no ser discriminada
en el trabajo, ni antes ni durante ni después del cambio de sexo, y
también la puesta en marcha de medidas de acción positiva que faciliten
el acceso al trabajo e impidan de esta forma que la situación de cambio
de sexo pueda ser causa de exclusión social.

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